El director devoto de la Policía desconoce la realidad del VIH y de la comunidad LGBTQ+ en Colombia

Que el condón es “abortivo”, que hay 12.000 policías con VIH y que ha practicado exorcismos a uniformados y capturados solo fueron algunas de las revelaciones del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, que indignaron a usuarios en las redes sociales y hasta a congresistas. El presidente también se manifestó.

La polémica que desató el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, en entrevista con la Revista Semana al reconocer que había llevado rituales católicos como el exorcismo a policías y capturados, y que antecesores suyos también han empleado esta práctica, por ejemplo, en operaciones militares como las de Alfonso Cano, el Mono Jojoy, Pablo Escobar y Raúl Reyes, aún no para.

Hasta el Ministerio de Defensa anunció en su cuenta de Twitter que el ministro Iván Velásquez “hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del director de (la Policía Nacional), Henry Sanabria, en el manejo de la institución“

Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, tuiteó que el general “vive en la Edad Media”.

Estigmas contra la población LGBTQ+

La comunidad LGBTQ+ e incluso el Congreso de la República han manifestado su inconformidad con otras afirmaciones emitidas por el comandante de la Policía durante la entrevista. Por ejemplo, asoció el número de casos de VIH en su institución con la homosexualidad.

“Mire, hay que tener cuidado, porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte”, y, “lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay, de pronto, es educación que les permite a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”.

A estas declaraciones, una de las muchas respuestas en redes sociales, tanto de usuarios del común como de sectores oficiales, fue la de Mauricio Toro, presidente del Icetex.

“Hoy en día, el VIH no es sinónimo de muerte ni es exclusivo de la comunidad LGTBI; y mucho menos que somos personas ‘descuidadas‘ con nuestra salud y sexualidad como usted dice en la entrevista”, le escribió Toro a Sanabria en Twitter.

Hasta la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se sumó a las críticas a las afirmaciones del general:

“Con tantos desafíos para enfrentar la criminalidad y mejorar la seguridad en el país, y el director de la @PoliciaColombia dedicado a dar sus apreciaciones personales, además, sesgadas, discriminatorias y faltas de rigor científico, sobre exorcismo, VIH y aborto“, dijo la mandataria en esa red social, en referencia al estigma contra la población LGBTQ+ que ha llevado a que aún sea víctimas de discriminación y crímenes de odio, a pesar de la documentación que demuestra que en algunos países, el número de personas diagnosticadas entre hombres que solo tienen sexo con mujeres empieza a superar el de aquellos que tienen sexo con hombres.

Por otro lado, la libertad de culto del general no está por encima de su deber de informarse y no emitir cifras falsas con el fin de justificar el uso de prácticas religiosas (como el exorcismo) que no están abaladas por la ciencia, el Código de Policía, La Constitución, la jurisprudencia colombiana, así como los tratados internacionales de carácter vinculante, aprobados por el Congreso, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre DD. HH., entre otros.

Además, una persona con VIH (diferente al sida, que consiste en manifestaciones diferentes de la progresión de la enfermedad), en la actualidad, puede tener una expectativa de vida similar a la de alguien sin la infección, gracias a los tratamientos que se desarrollan desde hace unos 25 años.

Defensa desde Palacio

Ante la polémica, el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, sostuvo que “la discusión tiene que ver con dos temas diferentes: uno es las creencias religiosas del general que, como persona, deben ser respetadas. En nuestro país hay libertad de cultos y nosotros hemos dicho que jamás perseguiríamos a alguien por una creencia religiosa”. También hizo la salvedad de que la separación entre el deber de un funcionario y sus creencias debe ser clara.

“Él ha sido respetuoso, hasta donde sabemos, de no articular a la norma, el efecto de una creencia”, apuntó Petro sobre Sanabria, y destacó que no ha habido quejas contra Sanabria. Aun así, anunció: “Vamos a dialogar con él de manera personal. Una cosa es la actitud personal ante cualquier creencia, otra cosa es cuando, en ejercicio de la función pública, una creencia se pone por encima de la norma”.

De esta forma, Petro condiciona la libertad de culto del general a que no interfiera con sus funciones en la Policía. Sin embargo, ¿no es exorcizar a civiles capturados (vivos o no) y subordinados una actividad religiosa que admite haber ejecutado durante su trabajo?

En ese sentido, el presidente tiene razón al recordar que la Constitución colombiana protege la libertad de culto del director de la Policía, por tanto, tiene derecho a creer —en privado— que el condón, como dijo en la entrevista, es un “método abortivo” (aunque en la población homosexual no cumpla dicha función). Lo que le ha quedado mal es hacer este tipo de pronunciamientos como un servidor público que tiene bajo su mando a cientos de miles de hombres y mujeres que incluyen a personas de la comunidad LGBTQ+.

Y aunque el general señala que entre los hombres infectados, la falta de educación sobre “lo que hacen” es la causa de la alta transmisión del VIH —tal vez en referencia a la transmisión por vía sexual que pareciera asociar a promiscuidad—, es la falta de la misma la razón por la que asegura que en la Policía hay 12.000 uniformados con la infección.

Sin embargo, según las últimas cifras del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo (Cuenta de Alto Costo, CAC), las Fuerzas Militares y la Policía responden por el 54 por ciento de los casos de VIH en el régimen de excepción de seguridad social en salud, cifra que no supera los 4.500 casos entre ambas instituciones.

Si, por otro lado, el presidente se refiere a las funciones de Sanabria en términos de resultados, entonces quedaría en manos de la Procuraduría General de la Nación o el Congreso determinar si los métodos empleados por el funcionario van o no en contravía de la ley colombiana.

Sanabria, ¿sacerdote ‘ad hominem’?

Al tiempo que se debate la constitucionalidad de los exorcismos de Sanabria —y sus predecesores, según afirmó— dentro la Policía y su efectividad, también resta conocer la opinión de la Iglesia Católica frente al hecho.

Según la Ley Canónica, un exorcismo solo solo debe ser practicado, con autorización previa del obispo local, por un sacerdote formado en este tipo de rituales. Dichos sacerdotes deben contar con la autorización previa de la diócesis correspondiente, previa recomendación de un tribunal eclesiástico competente. Además, dicho permiso no es vitalicio, sino que debe renovarse cada tres años o antes, en caso de haber un cambio de obispo en la diócesis.

Adicionalmente, previo a todo exorcismo, la Ley Canónica ordena que la persona reciba un examen médico minucioso con el fin de descartar un trastorno asociado (personas con algunos tipos de epilepsia y enfermedades psiquiátricas aún eran objeto de estas prácticas en Occidente hasta la segunda mitad del siglo pasado).

Lo cierto es que dentro de las discusiones debates que suscitó la confesión del general Sanabria, uno de los asuntos que quedó en el debate nacional es la larga y compleja separación Iglesia-Estado, que generó tantas guerras civiles en el Siglo XIX y violencias en el XX.

Por lo arraigadas de sus creencias, Sanabria podría estar haciendo méritos para ocupar también el Obispado Castrense de las Fuerzas Armadas o de la Vicaría de la Policía Nacional.

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SOURCE: diariocriterio.com